La fiscalía pidió en los alegatos de juicio prisión perpetua para Esteban Rojas Almada, el prestamista acusado por el crimen de Ferni Ayala. El hombre llegó al debate oral señalado como autor del femicidio de su pareja en febrero de 2023 en Villa Zavaleta. En el día de ayer la responsable de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, María Luz Castany, solicitó la pena máxima para el prestamista de nacionalidad paraguaya. Además solicitaron que se contemple dentro de la sentencia la inclusión del hijo de la víctima dentro del régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. La Fiscalía atribuye que Almada es autor de los delitos de “femicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra su pareja y por haber mediado violencia de género” y “portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, agravada por registrar un antecedente penal por un delito doloso contra las personas y con el uso de armas”. Para Castany quedó acreditado que el 19 de febrero del año pasado Almada disparó contra Ayala con una pistola 9 milímetros a una distancia de entre 5 y 15 centímetros. Previo a ello, la mujer habría intentado protegerse de otra agresión física por parte de su agresor, producto de lo cual tenía lesiones en manos, muñecas, antebrazos, brazos, cabeza, cuello y piernas.
En la reconstrucción se destaca que aquella noche la pareja salió con amigos y familiares y en la madrugada llegaron hasta su vivienda donde se produjo la agresión física contra la joven de 28 años: “El acusado primero se cambió para ir a ver a su madre. Pasadas las 9.15, se retiró del domicilio y se mantuvo prófugo cinco meses, hasta que fue hallado por Interpol en Paraguay”. Para la fiscal, durante el juicio se pudieron reunir indicios concretos que dieron cuenta de que el vínculo entre la víctima y el victimario “estuvo atravesado por una desigualdad estructural”. Consideró que el acusado la celaba constantemente “como si fuera objeto de su posesión” y que la asimetría en la relación se apreciaba desde el comienzo. “Más allá de los casi 20 años que había de diferencia entre ambos, marcó que la situación económica en la que se encontraban era muy disímil: mientras ella había estado en prisión domiciliaria y había vendido tortas para mantener a su hijo, él se dedicaba a otorgar préstamos, dándole órdenes a su familia de cómo debían manejarse dichos asuntos. En ese sentido, puntualizaron que el origen de los fondos está siendo investigado en el marco de una causa por lavado de activos”, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.