El Gobierno tiene un plazo de cinco días para realizar el informe de contestación a los argumentos de la UBA, en relación a la medida cautelar presentada para evitar que se lleve a cabo la auditoría por la SIGEN. El mismo fue impuesto por el juez en lo contencioso administrativo federal, Diego Cormick. De esta manera, Cormick se declaró competente para entender en la demanda presentada por la UBA y dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional y la SIGEN produzcan en cinco días el informe previsto ante el pedido de la medida cautelar. El juez quedó a cargo del caso a través de un sorteo, luego que ayer la UBA recusara sin causa a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán.
La fiscalía decretó que el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal es el que debe intervenir en la demanda porque, para resolver, "será necesario recurrir de modo preponderante al análisis y aplicación de principios y normas de derecho público constitucional y administrativo"