El Gobierno aplicó de manera retroactiva el incremento en el costo de la generación eléctrica para los usuarios de Edesur y Edenor, sin comunicarlo oficialmente, lo que generará un mayor impacto en las tarifas de luz. De esta manera, la suba reflejada en las facturas de electricidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empezó el 1 de febrero, en lugar del viernes 16, como había anunciado originalmente el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) en las resoluciones que fijaban los aumentos a partir de su publicación en el Boletín Oficial a mediados de febrero. Aunque, el organismo le comunicó a las distribuidoras que la aplicación del incremento debía ser de forma retroactiva al inicio del segundo mes del año. La decisión no fue informada a los usuarios mediante ningún canal oficial, lo que podría derivar en una demanda judicial, porque los ajustes en las tarifas de los servicios públicos deben ser dadas a conocer mediante una resolución oficial y pública, de libre acceso. El aumento, correspondiente al componente de mayor costo de las tarifas que es la generación eléctrica, lo define la Secretaría de Energía en todo el país, en base a la programación estacional de cómo se abastece la demanda eléctrica en cada trimestre. Los valores se actualizaron a principios de febrero y rigen hasta fines de abril, con una suba del 117% ($20.460 el MWh a $44.401) para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, pero sin cambios para los hogares de ingresos bajos y medios, pero el área encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo dispuso su entrada en vigencia desde el 16 de febrero, por lo que en los primeros quince días del mes las facturas no debían actualizarse. Al percatarse de esta situación, el ENRE le comunicó el 11 de marzo a las distribuidoras en una nota, que facturen de manera retroactiva el consumo de la primera quincena de febrero con los valores más altos del precio mayorista de la electricidad, aunque no lo hizo de manera pública. El aumento retroactivo se ejecutó solamente en el AMBA, ya que el resto de las distribuidoras provinciales no obtuvieron notificaciones de parte de sus entes reguladores. Por lo tanto, las firmas afrontaron la suba de la generación desde el 1 de febrero, sin poder trasladar el mayor costo a sus clientes desde esa misma fecha.
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