El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que suspende los efectos del proceso de consulta pública establecido por resolución de la Secretaría de Transporte.
Entre los argumentos realizados por el Gobierno para recurrir la medida, se basan en que “no se solicitó un Informe previo al fallo”, ya que, según entienden, “se requiere un informe previo al dictado de una medida cautelar contra el Estado. Y esto no ocurrió”, apuntaron.
Remarcaron que esta instancia “está reglamentada en el art. 4° de la ley 26.854, donde dice que solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.
El planteo había sido llevado a cabo el martes por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien afirmó que las disposiciones del Gobierno de Javier Milei en materia de Transporte para avanzar con los aumentos “presentan ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”.
Hasta ese momento, según informó Télam, se habían realizado 220 consultas y se respondieron todas. Además destacaron que “estas audiencias públicas se realizan desde el 2018”, y que “no es una novedad” ya que “se vienen haciendo hace casi seis años”.
Aseveraron con que “en 2022 (del 26 al 28 de diciembre), cuando se hizo una instancia de participación ciudadana igual a la de ahora (para aumentar tarifas mensualmente por IPC), hubo solamente 28 comentarios y 14 personas que participaron. Mientras que, en la instancia de participación ciudadana de ahora, se realizaron 245 comentarios en total”.