La Justicia Federal de San Luis ordenó 38 allanamientos simultáneos a diferentes sedes de la organización no gubernamental Remar (Recuperación de Marginados) dedicada a la asistencia de personas en procesos de rehabilitación de adicciones y consumos problemáticos, víctimas de violencia de género y en algunos casos acogen a víctimas de trata rescatadas de operativos judiciales ante las denuncias de irregularidades en su funcionamiento.
Los procedimientos se concretaron tanto en la provincia de San Luis, como en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Provincia y Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación que llevan adelante el fiscal federal Cristian Rachid y Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Personal de Gendarmería Nacional, que concretó los allanamientos, "se detectaron fuertes indicios de que en Remar había situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales", informaron voceros judiciales.
Durante los procedimientos, que se realizaron durante toda la jornada, "se verificaron diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de Remar, ya que se les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado".
Del relevamiento que se realizó se concluyó que en la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban, se les retenían los teléfonos celulares y documentos personales y tarjetas de débito para la posterior apropiación de asignación de beneficios sociales.
En varios establecimientos, detallaron los investigadores, se encontraron familias con sus hijos, muchos de ellos menores de edad trasladados y sin autorización de sus padres; en algunos casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas y cumplir largas jornadas laborales.
Además, se indicó que las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron no recibir atención médica, psicológica, ni farmacológica por parte de los responsables de la organización y varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado.
La situación derivó en articular con los puntos focales provinciales (Mendoza y Córdoba, por ejemplo) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.
En virtud de todo lo descubierto durante los allanamientos y como las instalaciones no eran precarias y pueden contener y garantizar la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de los pacientes, el juez federal Juan Esteban Maqueda dispuso la intervención de las sedes, designando a veedores de los gobiernos provinciales respectivos acompañados por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.