La Cámara Federal porteña tomó la decisión de rechazar nuevamente el pedido de recusación por parte de la querella de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, contra la jueza María Eugenia Capuchetti, en el marco de la investigación por intento de magnicidio a la mandataria.
El juez de dicho Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, no sólo negó la petitoria de los abogados de la presidenta del senado, sino que también advirtió a uno de los letrados, José Ubeira.
Bruglia justificó su decisión -unipersonal- al sostener que "el ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados".
"En caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas", apuntó.
El magistrado reprochó a los abogados de la vicepresidenta al considerar que “el extenso escrito” contiene muchos argumentos ajenos al proceso que se lleva adelante y además, “desprenden hipotéticos escenarios” que se alejan de las circunstancias “objetivamente comprobable” que pueda justificar de manera suficiente el apartamiento de un juez, o en este caso, jueza.
A su vez, el fallo dispuso "instar una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado".
"Al resultar opiniones carentes de efecto jurídico alguno, revelan un innecesario exceso en el rol de su Ministerio. Corresponde, a todo evento, poner en conocimiento de los hechos al Colegio Público de Abogados, al igual que a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación", expresó el camarista.
Los abogados Ubeira y Marcos Aldazábal habían pedido el apartamiento de Capuchetti haber encontrado supuestas "actividades incompatibles relacionado con una tarea rentada que llevaría a cabo la Jueza en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2014".
Por ello, el fallo explicita que la Policía de la Ciudad no está bajo investigación, pero advierte que de hacerlo, tampoco sería suficiente para excusar la recusación de la magistrada.